Alejandro José Ceballos Peña: Los delitos en las empresas y sus penas



Los delitos no sólo los cometen las personas físicas, las personas jurídicas o empresas también pueden tener responsabilidad y tener que responder por sus actos ante la jurisdicción penal. Las compañías pueden ser condenadas por diversos delitos. Los tipos de delitos por los cuales deberá ser condenada una empresa y las distintas penas que estos conlleven dependen del marco jurídico existente en cada territorio, sin embargo, en algunos casos, la respuesta de las autoridades puede ser bastante lenta.

Imagen: confilegal.com

Las empresas no pueden ser condenadas a prisión porque no pueden ser encarceladas, como si le puede ocurrir a una persona física, no obstante, el daño reputacional y social de ser condenada penalmente por la justicia tiene mayor peso que una simple sanción administrativa, lo que puede salir bastante caro para las empresas.

¿Cuáles son los delitos por los cuales se puede condenar a una empresa?

Entre los delitos por los cuales se puede condenar a una empresa tenemos los siguientes:
  • Trata de seres humanos.
  • Delitos relativos a la prostitución y a la corrupción de menores.
  • Delitos contra la intimidad y allanamiento informático.
  • Insolvencias punibles.
  • Delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
  • Daños informáticos.
  • Blanqueo de capitales.
  • Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
  • Delitos contra el medio ambiente.
  • Tráfico de influencias.
  • Corrupción de funcionario extranjero.
  • Financiación del terrorismo.
  • Ciertos casos de contrabando.

Imagen: .rilai.org

¿Cuáles son las penas aplicables?

Las penas dependerán del marco jurídico sobre el cual se esté manejando el delito, ya que hay países donde las legislaciones son más avanzadas y los sistemas de justicia funcionan mejor. Entre las penas tenemos:
  • Suspensión de actividades por un plazo determinado.
  • Clausura de sus locales y establecimientos por un tiempo específico.
  • Prohibición temporal o definitiva de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya favorecido o encubierto el delito.
  • Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores, o de los acreedores por un tiempo determinado.
  • Inhabilitación para obtener ayudas y subvenciones públicas, para contratar con el sector público y para poder disfrutar de beneficios e incentivos fiscales por un tiempo determinado.

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