Evolución del Derecho Civil en Venezuela



El Derecho Civil consta de regulaciones de naturaleza privada en lo que se refiere a sus estados, la propiedad y derechos reales, obligaciones y contratos de familias y sucesiones, relativos a la vida ciudadana de un país.

Las antiguas leyes españolas, el Código Francés y el que se conocía como Código Andrés Bello, de su propia autoría, fueron fuente de inspiración para el primer Código Civil en Venezuela en el año 1861 bajo la presidencia del General Páez. Transcurrieron entonces seis años desde ésta primera emisión, para que en el año 1867 se pusiera en vigencia el segundo Código Civil del célebre español García Cayena, el cual no se adaptaba adecuadamente a nuestro país ni la realidad de ese entonces.

Se facilita la celebración del matrimonio apenas con el tercer Código Civil de 1896, con nuevas disposiciones sobre el Derecho de Familia, en vigor durante 8 años, ya que para el año 1904 se introdujeron reformas, al consagrarse la institución del divorcio en materia de Derecho de Familia en Venezuela.


La sociedad venezolana prosiguió su natural evolución y el Código de 1916 consagró la legislación de la paternidad natural, facilitó las formalidades para que los concubinos contrajesen matrimonio y equiparó los derechos de los hijos legítimos y naturales. Las trabas impuestas para la inquisición de la paternidad ilegítima, así como algunos derechos sobre arrendamiento y venta de inmuebles, fueron reajustados en el Código Civil de 1922.



Actualmente, estamos regidos parcialmente por el Código de 1942, el cual se ajustó en materia de concubinatos y el Estado comenzó a ejercer la tutela sobre menores de edad en situación de abandono. Tras una vigencia de 40 años, fue derogado parcialmente por el Código Civil de 1982 que nos rige en la actualidad, con adaptaciones en materia de Familia, en lo referente a tutelas, patria potestad y patrimonio.

Mucho ha cambiado la sociedad venezolana desde 1982 hasta nuestros días, por lo que muy probablemente sea propicio un nuevo ajuste en materia legal en cuanto a Derecho Civil se refiere.

Entradas populares de este blog

Criterios de imposición de costas en nuestros tribunales de lo contencioso-administrativo

Imagen
  Por Emilio Aparicio   Conforme a la regulación de la costas procesales -art. 139.1 LJCA- los órganos de la jurisdicción contenciosa-administrativa, en primera o única instancia ( el régimen de costas para los recursos los dejamos para otras ocasión ), al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos e incidentes que ante los mismos se promovieren, impondrán las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.  La imposición de costas puede ser, conforme al apartado 4 del artículo 139 LJCA, a la totalidad; a una parte de éstas o hasta una cifra máxima. Una lectura conjunta de los apartados 1º y 4º del artículo 139 LJCA nos revela que, en materia de costas en primera o única instancia, se pueden dar los siguientes escenarios para quien haya visto rechazadas todas sus pretensiones: i) ser condenado a la totalidad de las costas; ii) ser condenado a una...
Leer más

¿Está sobrevalorada la imparcialidad?

Imagen
  Por Alejandro Huergo Lora   Cuando la asignación correcta de incentivos es preferible a una neutralidad imaginaria   En la toma de decisiones complejas e inciertas es frecuente acudir a expertos, a los que se exige, de entrada, neutralidad o imparcialidad. Sin embargo, vamos a ver que con frecuencia es preferible confiar en alguien (experto o no experto) afectado personalmente por el resultado de su decisión, que en un técnico carente de incentivos. Recordemos el caso de las autopistas en régimen de concesión que resultaron ruinosas porque tenían muy pocos usuarios. Como medida preventiva que debía evitar esos resultados, la Ley exigía la elaboración de un estudio de viabilidad antes de que la Administración decidiera convocar la concesión (artículo 227 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, introducido por la Ley 13/2003, de 23 de mayo). Esta medida resultó ineficaz, porque los estudios de viabilidad, elaborados por consultor...
Leer más