Congreso de Guatemala aprueba polémica ley sobre ONG
El Congreso de Guatemala aprobó esta semana una reforma de ley que regula y fiscaliza a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG), a pesar del rechazo de varios partidos de oposición y diversos sectores de la sociedad civil.
La nueva normativa establece en su artículo 13 que las organizaciones no gubernamentales no podrán usar donaciones o "financiamiento externo" para "realizar actividades que alteren el orden público" en territorio nacional.
Esta reforma para la “Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo” fue aprobada luego de un tenso debate por 81 votos a favor y 12 en contra, mientras en el aula legislativa se hallaban ausentes 67 diputados.
En lo expresado a la hora de votar el presidente de la junta directiva del Parlamento, Allan Rodríguez, subrayó que, a su entender, "las ONG tienen necesidad de moverse en el marco de un cuadro normativo actual y moderno", que impida la manipulación política y una mala gestión de los fondos por parte de estas organizaciones.
El diputado del oficialismo Carlos Calderón dijo, "me niego y me resisto a que un centavo extranjero o nacional se invierta en manifestaciones o medios de comunicación perversos".
Por su parte, Aldo Dávila, del partido WINAG, de Rigoberta Menchú, se declaró contra la aprobación de la reforma porque representa "una criminalización" y "un atentado a las garantías de la sociedad civil organizada" que "ve imponer una camisa de fuerza en su funcionamiento".
A su vez, AI Guatemala, vía Twitter, sostuvo que "la nueva ley de las ONGs podría llevar al cierre arbitrario de organizaciones y al agravamiento de la criminalizaciónde de los que defienden los derechos humanos".
El Congreso del país centroamericano ha argumentado a favor del cambio en el texto que este permitirá “transparentar y fiscalizar” a las organizaciones no gubernamentales radicadas en Guatemala.
En uno de sus enunciados, el nuevo texto señala que “si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externo para alterar el orden público, será inmediatamente cancelada” y “sus directivos responsables serán imputados conforme a la legislación penal y civil vigente”.
La nueva ley se propuso inicialmente el año pasado, cuando el gobierno del expresidente Jimmy Morales decidió no prorrogar el mandato de CICIG, el organismo de Naciones Unidas que destapó los casos más importantes de corrupción contra políticos y empresarios guatemaltecos.
El origen de la ley es, según diversas fuentes, un intento de varios diputados de la anterior legislatura (2016-2020) de contrarrestar la lucha anticorrupción emprendida desde 2015 por el Ministerio Público guatemalteco y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
La iniciativa 5257, que dio paso a las reformas, surgió en 2017 y fue validada por una comisión legislativa en 2018, pero le faltaba un debate final para su aprobación.
Algunos organismos internacionales como Naciones Unidas y otros de carácter nacional manifestaron su rechazo y preocupación por la nueva normativa. "La reforma a la ley de ONG podría afectar la libertad de asociación, reunión y expresión", dijo el Sistema de Naciones Unidas de Guatemala en Twitter.
Ya la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, había expresado en 2019 su preocupación por la ley, que introduce “requisitos y controles administrativos aplicables a ONG nacionales e internacionales” que “en la práctica pueden usarse de manera discrecional o arbitraria para limitar”.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Guatemala manifestó sus reservas con respecto a la acontecido en el Congreso.
“La reforma a la Ley de las Organizaciones No Gubernamentales podría afectar a la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los espacios democráticos para la sociedad civil organizada”, puntualizó esta oficina a través de un comunicado.
